Defensores del medioambiente denuncian en Chile el proyecto de explotación aurífera Pascua Lama de la minera canadiense Barrick Gold.
Photo Credit: AFP / MARTIN BERNETTI

Impacto de empresas mineras canadienses en América Latina

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El pasado 28 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, fue escenario de una audiencia sobre el impacto de empresas mineras canadienses en América Latina.

Esta audiencia hizo parte del 153º Período de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una organización regional en la materia y es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos.

Organizaciones canadienses de la sociedad civil, como Alerta Minera Canadá, la Red Canadiense para la Responsabilidad Corporativa y el Centro Canadiense para la Justicia Internacional (CCJI), participaron en la audiencia.

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Protesta contra la minera OceanaGold en El Salvador. © stopesmining.org

Port su parte, el gobierno canadiense envió representantes alternativos de la Embajada de Canadá quienes leyeron una declaración que reitera la negativa de parte de Canadá a considerar normas vinculantes aplicables a empresas y organismos del Estado implicados en la expansión de la minería canadiense en el extranjero y en torno a las actividades vinculadas a los derechos indígenas y el abuso de los derechos humanos.

Para saber más sobre esta audiencia, conversamos con Shin Imai, abogado de la Red Canadiense para la Responsabilidad Corporativa de la Facultad de Derecho Osgoode Hall, de la Universidad York en Toronto.

Según el informe de la Red Canadiense para la Responsabilidad Corporativa (Canadian Network for Corporate Accountability) presentado en la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.C. el pasado martes 28 de octubre, el Gobierno de Canadá no ha logrado formular una respuesta adecuada a las recomendaciones recibidas a lo largo de la última década para prevenir y brindar recursos efectivos en relación a los perjuicios vinculados a actividades de empresas mineras canadienses en América Latina y el Caribe.

De acuerdo a la evidencia documentada, tanto las comunidades indígenas y no indígenas, los trabajadores y el medio ambiente han sufrido abusos sistemáticos de parte de empresas canadienses que operan en América Latina y el Caribe, y esto con un importante apoyo del gobierno de Canadá.

El informe insta al gobierno de Canadá a tomar medidas para ayudar a prevenir mayores perjuicios, incluyendo el dejar de centrar la cooperación para el desarrollo en el extranjero y los servicios diplomáticos en la promoción de la extracción de minerales a gran escala en el extranjero. A su vez, debería promulgar disposiciones legislativas con objeto de que las sociedades de Estado, sobre todo aquellas que financian y cuentan con capital social en las empresas, cumplan con las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.

El informe también destaca la necesidad de contar con estándares jurídicamente vinculantes y recursos efectivos para abordar los impactos negativos de la minería en relación con las comunidades, los trabajadores y el medioambiente, destacando que el establecimiento de estándares y normas de carácter voluntario son insuficientes.

Según Shin Imai, abogado de la Red Canadiense para la Responsabilidad Corporativa, Canadá no tiene una actitud seria y respetuosa hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo más importante, según él, es la implementación de un marco legal que regule el accionar de las mineras canadienses en América Latina y el establecimiento de un Ombudsman en la materia, con poderes concretos para limitar, evitar y sancionar las acciones de las mineras canadienses que contravengan las normas internacionales de Derechos Humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

Categorías: Economía, Indígenas, Internacional, Medioambiente y vida animal, Política
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